Mediante un decreto en el Boletín Oficial, el Gobierno obliga a la AFA y a todas las federaciones deportivas del país a adaptarse a la inclusión de las SAD en el plazo de un año y modificar sus estatutos para que suceda.

El decreto que publicó el Gobierno de Javier Milei, establece que «no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica, ya sea una asociación civil o una sociedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por la ley». De esta forma, el Gobierno busca neutralizar la posición de la AFA, que había dejado claro su rechazo a permitir la participación de clubes organizados como SAD en los torneos locales.

Durante este tiempo, las asociaciones deberán modificar sus estatutos para permitir la participación de clubes con esta estructura jurídica en sus competiciones. «El período de un año establecido en el artículo 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023 se contará a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto», detalla el documento oficial.

La medida ha generado una fuerte reacción en el ámbito futbolístico. La AFA, por su parte, ha reiterado su postura de que solo las asociaciones civiles sin fines de lucro pueden ser miembros de la entidad, y hasta ahora ha resistido los intentos de privatización del fútbol. A menos de un mes, Tapia había reafirmado que las SAD no serían aceptadas en los torneos organizados por la AFA, argumentando que la Constitución Nacional les otorga el derecho de decidir sobre la membresía en su institución.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había adelantado la firma del decreto, enviando un mensaje claro a la AFA: «La AFA tiene que cumplir porque es parte del sistema deportivo de la Argentina. Y la ley de deportes te obliga a que no puedas rechazar un club independientemente de la forma jurídica en la cual decida organizarse. Si un club quiere cambiarse, la AFA no puede negarse porque estaría violando la ley».